Funcionarios de 23 estados demócratas y el Distrito de Columbia, en un intento este sábado por frenar el plan del presidente Donald Trump de restringir el voto por correo, interpusieron una demanda ante un tribunal de distrito en Massachusetts.
La iniciativa legal, encabezada por California, pretende bloquear la última orden ejecutiva de Trump para limitar el ejercicio de ese derecho cívico, argumentando que pretende interferir de manera inconstitucional en la administración de las elecciones por parte de los estados.
La demanda afirma que ni la Constitución ni ninguna ley federal otorgan al presidente la facultad de imponer cambios generalizados en los sistemas electorales o en los procedimientos de votación de los estados.
«Transgrede la facultad constitucional de los estados demandantes para prescribir el momento, el lugar y la forma de las elecciones federales», subrayó.
Los demandantes consideraron que la orden, firmada por Trump el martes, meses antes de las elecciones intermedias, busca «modificar y dictar la legislación electoral por decreto, basándose en los caprichos del presidente».
La directiva exige al Departamento de Seguridad Nacional que elabore «listas de ciudadanía estatal» de los estadounidenses que reúnen todos los requisitos para ejercer el sufragio en las elecciones federales.
Además, requiere que el Servicio Postal de Estados Unidos envíe las papeletas de voto por correo o en ausencia únicamente a los votantes que figuren en la lista de cada estado.
En su demanda señalaron que «cada estado demandante ha promulgado debidamente leyes que rigen los padrones electorales y el voto por correo, las cuales son —cuando corresponde— congruentes con los requisitos legales establecidos por el Congreso».
«La orden ejecutiva hace caso omiso de la soberanía inherente de los estados e intenta arrogarse, para beneficio del presidente, la facultad constitucional que corresponde a los estados y al Congreso para regular las elecciones federales», alertaron.
Trump emitió su orden ejecutiva en un momento en que sigue presionando al Senado para que apruebe la Ley SAVE America, calificada como una de las mayores medidas de restricción al voto en el país, la cual exigiría a los ciudadanos estadounidenses presentar pruebas de su ciudadanía en persona para inscribirse en el registro electoral.
La Cámara de Representantes aprobó ese proyecto de ley en febrero; pero resulta improbable que logre superar la barrera del Senado, donde requeriría 60 votos para avanzar.
El año pasado, Trump firmó otra orden ejecutiva vinculada al ámbito electoral que buscaba reformar el sistema de elecciones de Estados Unidos y exigir la presentación de pruebas documentales de ciudadanía para registrarse en el padrón electoral, aunque sus principales disposiciones han sido bloqueadas en las cortes.
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