El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este lunes la presentación de cargos contra 63 personas, entre las que se encuentran decenas de origen latinoamericano, por presuntos delitos electorales como el voto ilegal y el registro fraudulento de votantes. Este movimiento se inscribe en un contexto donde la administración de Donald Trump ha intensificado las acusaciones contra extranjeros por supuestas irregularidades en el proceso electoral.
Las acusaciones se centran en la declaración falsa de ciudadanía estadounidense para registrarse o votar, así como la presentación fraudulenta de solicitudes de registro de votantes en diferentes estados. Todd Blanche, fiscal general, destacó en un comunicado que «el anuncio de hoy representa el mayor incremento en las detenciones por fraude electoral desde que Trump regresó al cargo».
Entre los acusados se encuentra la colombiana Patricia Elena Valencia Cardona, de 56 años, quien enfrenta cargos por afirmar falsamente poseer la ciudadanía estadounidense para poder votar en Carolina del Norte. Cardona se registró para votar en 2024 y ejerció su derecho en las elecciones generales de ese año.
También se menciona a Yamila Avalos, argentina y residente permanente legal, acusada de votar siendo extranjera en el mismo estado. Por su parte, Juan Florencio Ramos, cubano y residente permanente, ha sido imputado por realizar una declaración falsa sobre su ciudadanía para votar.
En Texas, los mexicanos y residentes permanentes Diego Benavides Rodriguez, Jose Vasquez-Mendoza y Karen Hinojosa-Martinez enfrentan cargos similares. Mientras tanto, Mariela Elizabeth Avila Ortiz, hondureña y residente permanente legal, fue acusada en Tennessee por votar en las elecciones de 2024, que incluían la elección presidencial y la del Senado.
El DOJ también ha presentado cargos contra extranjeros de diversas nacionalidades, incluyendo canadienses, europeos, asiáticos y africanos. En total, en las últimas nueve semanas, EE.UU. ha imputado a 195 extranjeros en 25 estados por delitos relacionados con la votación y el registro electoral ilegales.
Desde el inicio de su segundo mandato, el DOJ ha acumulado 239 acusaciones por fraude electoral. Sin embargo, el Ejecutivo ha enfrentado derrotas en tribunales, incluyendo su intento de anular más de 20.000 papeletas enviadas por correo en California, argumentando que fueron enviadas por personas no autorizadas a votar.
Analistas han señalado que el fraude electoral por parte de no ciudadanos en EE.UU. es prácticamente inexistente en comparación con el padrón electoral. Un estudio del grupo conservador Heritage Foundation identificó solo 23 casos de votación de no ciudadanos entre 2003 y 2022, mientras que el Brennan Center for Justice estima que solo el 0,0001% de las encuestas en las elecciones de 2016 fueron presuntamente votos de no ciudadanos.
La batalla legal sobre el fraude electoral parece lejos de terminar, alimentando un debate que sigue polarizando a la sociedad estadounidense.
