El uso del calificativo «inmigrantes ilegales» por parte del presidente colombiano Abelardo de la Espriella colocó de nuevo la crisis migratoria en el centro del debate público en América Latina. Frente a la retórica del mandatario, el sociólogo Tomás Páez, presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana, apunta hacia una premisa fundamental: “No existe ilegalidad en la migración”.
Páez afirma que si bien existen “condiciones de paso irregular o permanencia irregular, que son dos cosas distintas”, la ilegalidad intrínseca en la movilidad humana es una falacia jurídica. «Lo preocupante en la declaración del presidente De la Espriella es hablar de ‘ilegales’. No existe ilegalidad en la migración ni en la movilidad humana. Ese es un derecho humano consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948”, asegura el investigador.
Las advertencias del mandatario han generado incertidumbre en las comunidades de inmigrantes radicadas en territorio colombiano, particularmente en la numerosa comunidad venezolana que emigró en busca de un mejor futuro y que representa 90% del total de extranjeros en esa nación.
Para dimensionar el alcance de estas declaraciones, Páez detalla que actualmente la diáspora venezolana en Colombia ronda casi tres millones de personas. Sin embargo, enfatiza en que esto debe leerse de acuerdo con los contextos locales. “Bogotá es casi un país con 10 millones de ciudadanos, por lo que 600.000 venezolanos que residen allí es un porcentaje muy pequeño. En cambio, en Cúcuta, donde hay 300.000 venezolanos, representan un porcentaje más elevado de la población total”, explica Páez.
A pesar del alto volumen de población extranjera en ciudades como Medellín y la capital del país, el sociólogo es claro al desmentir el mito sobre la irregularidad masiva de los venezolanos: “El grueso de los venezolanos está en condición regular en Colombia y en Iberoamérica en general”.
No obstante, según estimaciones de la prensa local, el cálculo oficial de venezolanos en situación migratoria irregular estaría cerca de los 800.000, incluyendo a casi 200.000 menores de edad.
La migración como el nuevo chivo expiatorio
El trasfondo discursivo que asocia la movilidad humana con la delincuencia no es un fenómeno aislado ni exclusivo de Colombia. El presidente del Observatorio de la Diáspora Venezolana sitúa este fenómeno en un contexto sociopolítico de gran escala. “La inmigración se ha convertido en el nuevo enemigo desde la Guerra Fría. La Guerra Fría fue la confrontación entre el mundo comunista y el democrático de Occidente. El nuevo enemigo ahora es la migración”, asegura.
Según Páez, este discurso calca con exactitud las narrativas restrictivas que esgrimen dirigentes de ultraderecha en el ámbito internacional: desde Marine Le Pen en Francia y el partido Vox en España, hasta las medidas adoptadas en Estados Unidos o las posturas de José Antonio Kast en Chile.
El éxodo venezolano no disparó la criminalidad
En el caso específico de Colombia, el intento de vincular el aumento de los delitos con la llegada de ciudadanos extranjeros representa un ejercicio de amnesia histórica selectiva. Páez es tajante al desmontar esta asociación. “Se ha vendido el discurso de convertir a la diáspora, en particular a la venezolana, en una migración con la que ‘llegó la delincuencia’, como si no existieran antes las bandas armadas de las FARC, el ELN, los paramilitares o el mundo de la droga de Pablo Escobar”, sentencia.
Colombia es una nación que ha padecido ocho décadas de confrontación armada interna, arrojando un saldo de más de siete millones de desplazados. Por ello, el sociólogo califica de engañoso pretender que ahora sean los migrantes el origen del delito en el país. Al contrario, el investigador argumenta que “los estudios indican que la diáspora contiene la violencia. La gente no migra para ser violenta. Migra para buscar mejores condiciones, resolver los temas de su familia, enviar remesas y emplearse”.
Esta afirmación encuentra respaldo en los registros oficiales y estudios independientes, los cuales refutan que el éxodo venezolano haya provocado un aumento generalizado de la delincuencia en territorio colombiano. Un análisis elaborado por la Fundación Ideas para la Paz, sobre la base de datos policiales consolidados hasta 2024, revela que, si bien existe una participación minoritaria de venezolanos en delitos, esta incidencia no ha generado un cambio significativo ni ha alterado estructuralmente las tendencias delictivas del país.
Asimismo, en 2020, un informe de la plataforma de verificación Colombia Check demostró la inconsistencia de la matriz de opinión que vincula a la migración venezolana con el delito: para ese momento, a pesar de que los venezolanos representaban 3,6% de la población total de Colombia, solo se les atribuía la autoría de 0,63% de los delitos cometidos en toda la nación. Estas cifras ratifican que la mayoría del flujo migratorio está abocada a la inserción productiva, alejándose del estigma criminal que imponen los discursos efectistas.
El aporte económico real de la diáspora
Mientras el discurso del mandatario colombiano presenta al migrante como una carga para el Estado o una amenaza para la seguridad ciudadana, los datos macroeconómicos evidencian una realidad opuesta. El aporte de los venezolanos al sistema productivo colombiano ha sido estudiado y avalado por instituciones multilaterales como el Banco Mundial, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y dependencias del propio Gobierno colombiano.
“Si desincorporas a personas de la diáspora, afectas el crecimiento del PIB. Toda diáspora consume más de lo que recibe, es una verdad histórica”, asevera Páez. El especialista recuerda que desde el mismo instante en que un migrante pisa un nuevo territorio, comienza a dinamizar la economía local al demandar servicios básicos, vivienda, transporte y alimentación. “Desde el momento en que llegan ya están aportando al PIB de la región”, afirma, destacando que el impacto va desde el consumo cotidiano hasta grandes inversiones en cadenas del sector salud, el ámbito agrícola y la industria petrolera.
Frente a esta realidad, el discurso de criminalización impulsado bajo banderas políticas acarrea riesgos jurídicos y sociales de suma gravedad. Para el abogado e internacionalista Dalai Urbina, profesor y subdirector de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la equiparación irresponsable del inmigrante irregular con un criminal desvirtúa el principio básico de presunción de inocencia. “Este tipo de medidas efectistas en el plano comunicacional son muy peligrosas porque podrían degenerar en lo que la doctrina se conoce como biopolítica. Es decir, el control de la vida de los ciudadanos por parte de quien ejerce el poder con criterios altamente discrecionales”, advierte el internacionalista.
Urbina va un paso más allá al alertar sobre la posible creación de un sistema de justicia parcializado y dicriminatorio. “En el plano jurídico, se estaría generando una suerte de ‘derecho penal del enemigo’, al plantear normativas o disposiciones específicas para poblaciones determinadas”, señala. Esta peligrosa narrativa, subraya Urbina, no se queda únicamente en los estrados, sino que “abre la puerta a acciones individuales o colectivas intolerantes” que pueden materializarse en agresiones físicas y violencia urbana, situaciones lamentables que ya se han registrado en otros países de la región andina.
La ola conservadora global
Para comprender la nueva retórica restrictiva que promueve Abelardo de la Espriella, Urbina sugiere mirar el mapa completo. “Hay que entender que esto forma parte de una ola global conservadora respecto a la naturaleza de la globalización y al papel del Estado-nación”, reflexiona el docente de la UCV. Los Estados, expuestos ante su ineficacia para resolver las demandas sociales históricas, reaccionan rendureciendo sus fronteras y buscando chivos expiatorios. Es, en palabras de Urbina, una “tendencia generalizada donde la movilidad humana se percibe como un problema en lugar de una alternativa”.
Bajo esta mirada, la instrumentalización de la migración responde directamente a fines de agenda interna. Urbina devela la inviabilidad de las políticas punitivas a largo plazo: “No vemos que el enfoque punitivo sea sostenible económica, política ni socialmente. Sin embargo, no hay que olvidar que la propuesta de De La Espriella se basa en un enfoque comunicacional efectista”.
El experto prevé que, de intentar llevar a la práctica estas medidas, el Estado colisionaría inevitablemente contra su propia burocracia y las normativas internacionales. Aunque el verbo se mantenga hostil para complacer a determinados sectores, Urbina asegura que “en la práctica tendrán que hacer modificaciones debido a los riesgos de abusos de autoridad por parte de los organismos de seguridad”.
Respecto a la amenaza constante de deportaciones, el académico es crítico frente al papel del Estado. “Es importante enfatizar en que la deportación es una medida extraordinaria que se ha convertido en la regla debido a la ineficacia e ineficiencia de las políticas públicas del Estado”. Con esto, asegura que los gobiernos pretenden ocultar su incapacidad administrativa trasladando el costo institucional hacia las poblaciones más vulnerables.
Un llamado a la calma
Ante el natural nerviosismo generado en la población venezolana, desde el Observatorio de la Diáspora se promueven acciones de contención e información para brindar tranquilidad. Páez hace hincapié en el esfuerzo de altos funcionarios colombianos para desactivar rápidamente la alarma provocada por los titulares. “El propio Restrepo llamó a la calma”, recuerda Páez, aludiendo a los representantes que salieron a aclarar que la gran mayoría de la población está protegida por herramientas como el Permiso por Protección Temporal (PPT) o el antiguo estatuto otorgado durante los gobiernos predecesores.
Páez destaca el esfuerzo organizativo para frenar la desinformación y el miedo. “Las organizaciones, tenemos muchas en Bogotá, en Cúcuta y Medellín, están trabajando con la diáspora explicándole la situación y conversando con los gobiernos locales y el nacional”, educando activamente sobre el hecho irrefutable de que “no se debe confundir ilegalidad con irregularidad”.
Urbina advierte que “no puede haber seguridad ciudadana sin seguridad humana”. En lugar de criminalizar a la familia que se desplaza forzada por las circunstancias, afirma que los Estados tienen el deber de afinar sus estrategias para desarticular los verdaderos focos de peligro. “La verdadera lucha debe ser contra las redes internacionales de trata de personas y delitos conexos”, destaca Urbina.
Solo desterrando el mito de la migración ilegal y asumiendo la movilidad como un motor de innovación, Colombia podrá transformar el desafío fronterizo en un indiscutible factor de desarrollo y progreso, concluye Urbina.
El Nacional
