El gobierno de Nicaragua ha cerrado otras 1.500 organizaciones sin fines de lucro, incluidos cientos de grupos religiosos evangélicos.
Se les acusa de no revelar estados financieros, pero los opositores dicen que es parte de una ofensiva contra grupos que no están aliados con el gobierno.
Se trata de la última medida del régimen nicaragüense del presidente Daniel Ortega para consolidar su control sobre el país. Según se informa, la vicepresidenta Rosario Murillo y la ministra del Interior María Amelia Coronel están directamente implicadas en la actual represión.
El gobierno no sólo está cerrando las organizaciones sin fines de lucro, sino que también está confiscando sus bienes para el Estado. Vatican News informa: “La Procuraduría General de la República será ahora responsable de transferir los bienes muebles e inmuebles en nombre del Estado de Nicaragua”.
Durante años, el gobierno nicaragüense ha perseguido a los líderes cristianos que se han pronunciado en contra de los abusos de los derechos humanos en el país. Esta vez, Vatican News afirma que algunos grupos católicos han sido objeto de ataques, pero la gran mayoría de los ministerios clausurados estaban “afiliados a comunidades evangélicas”.
Desde 2018, el gobierno ha eliminado más de 5.200 organizaciones no gubernamentales (ONG).
A partir de ahora, cualquier ONG a la que se le permita seguir operando estará obligada a “colaborar con las instituciones estatales”.
Como informó CBN News, también se ha producido una persecución adicional dirigida directamente contra los pastores cristianos. Al menos 11 pastores y líderes de ministerios evangélicos fueron encarcelados después de celebrar eventos de evangelización masiva en colaboración con un ministerio estadounidense llamado Mountain Gateway.
En lo que se describió como un “juicio simulado”, fueron declarados culpables de lavado de dinero y sentenciados a entre 12 y 15 años de prisión y 80 millones de dólares en multas.
