Casi mes y medio después que la justicia de Argentina abriera un juicio por la comisión de crímenes de lesa humanidad en el ámbito de la justicia universal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y una docena de altos funcionarios sandinistas, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha fichado a 10 de ellos y remitido la información a la Fiscalía de Buenos Aires para proceder a activar alertas rojas internacionales de arresto.
A finales de diciembre de 2024, el togado Ariel Lijo, del Juzgado Federal número cuatro de Argentina, encontró méritos para abrir una causa en contra de la pareja presidencial en Nicaragua por la violenta represión que sostienen desde las protestas sociales de 2018, y a la vez giró órdenes de captura para poder juzgarlos de manera presencial. De modo que Eduardo Taiano, el fiscal a cargo de la acusación, procedió a solicitar a Interpol la activación de las alertas rojas de detención.
El caso contra los Ortega-Murillo y sus secuaces, que por ahora se perfila como más simbólico que efectivo dado las particularidades de la justicia universal, avanza en el juzgado argentino, ya que Interpol ya fichó a 10 acusados y remitió la información a Buenos Aires. Un proceso que es la antesala para emitir la alerta roja y poder detener a los implicados. Pero un arresto, sobre todo de Ortega y Murillo, es algo complicado, reconoce el mismo fiscal Taiano.
En una conversación con EL PAÍS en San José, Costa Rica, donde llegó a participar en un evento sobre justicia universal para Nicaragua organizado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Taiano asegura que lograr la extradición de los indiciados es “muy difícil”, ya que la pareja presidencial no suele viajar fuera de Nicaragua. A lo sumo, Ortega –el otrora guerrillero sandinista devenido en autócrata– viaja pocas veces a Venezuela o Cuba únicamente, dos países en los que no corre el riesgo de ser detenido dado las simpatías ideológicas con esos regímenes.
“Es imposible detenerlos si no viajan a otros países, que no sean Cuba y Venezuela”, lamenta Taiano, pero no se desalienta, porque asegura que lo importante “es acotar la posibilidad” de Ortega y los acusados “de poder moverse en el resto del mundo”.
“Eso es importante para nosotros, más allá de que sea una causa para la memoria histórica; de que sea una justicia que impida que se traslade a otros lugares. Pero como dije, si no viajan ,va a ser muy imposible detenerlos y extraditarlos a Argentina. Muy complicado”, dijo Taiano, una de las figuras más experimentadas del Ministerio Público Fiscal de Argentina, con más de 30 años de trayectoria en la justicia federal. A lo largo de su carrera, ha encabezado investigaciones de alto perfil, incluyendo casos de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Fue uno de los fiscales clave en el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros de detención y tortura más emblemáticos de la dictadura militar argentina.
Los acusados, la nomenclatura del régimen
El fiscal argentino no especificó el nombre o cargo de los 10 funcionarios, o si entre ellos estaban Ortega o Murillo, los “copresidentes” de Nicaragua, de acuerdo con una reforma constitucional publicada este martes en el diario oficial La Gaceta. Entre los altos funcionarios sandinistas figuran el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, señalado de proveer a los grupos paramilitares armamentos. El primer comisionado, Francisco Díaz Madriz, quien es el y director de la Policía Nacional y consuegro de Ortega y Murillo. La policía fue la institución que ejecutó las detenciones y violaciones a derechos humanos.
También Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad y responsable de la inteligencia y contrainteligencia de identificar a disidentes. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, señalado de intervenir en la represión de las protestas de abril de 2018. Además de ministros y más militares.
Los crímenes de los que está acusado el régimen incluyen “asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad”. Desde que se abrió la causa, la querella ha presentado tanto evidencias como el testimonio de víctimas que han declarado bajo reserva de identidad.
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Taiano dijo que se ha concluido que la pareja presidencial, junto a las fuerzas de seguridad desde 2018, “llevaron a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil de la república de Nicaragua, cuyo objeto era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución a sectores políticos disidentes”.
