La tragedia se ha vuelto a repetir en las cárceles venezolanas. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles la muerte de Eliezer Navas, quien se encontraba recluido en el Centro de Formación Hombre Nuevo Juan López, en Tocuyito, estado Carabobo. La causa del fallecimiento fue identificada como asfixia mecánica, un término que deja entrever la gravedad de las condiciones en las que se encuentran los internos.
En un mensaje en su cuenta de X, el OVP exigió una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Navas y las condiciones de su reclusión. Este caso reabre el debate sobre la situación penitenciaria en Venezuela, donde el OVP ha documentado múltiples denuncias sobre deficiencias en alimentación, atención médica, enfermedades, y acceso al agua, además de condiciones insalubres y corrupción.
La organización no es nueva en estos reclamos. Años atrás, familiares de internos ya habían alzado la voz, denunciando protestas por la escasez de alimentos y la falta de atención médica adecuada en las cárceles. Sin embargo, el eco de esas quejas parece haber caído en oídos sordos.
El OVP sostiene que una muerte por asfixia mecánica bajo custodia del Estado no solo requiere una investigación de las circunstancias inmediatas del fallecimiento, sino que también es vital examinar el estado de salud física y mental de Navas antes de su muerte. ¿Existieron señales de alerta que pudieron haberse identificado y atendido? Esta es una pregunta que exige respuesta.
Además, el OVP vinculó el caso con el reciente cambio de nombre del centro penitenciario, que ahora lleva el nombre de Juan López, exsubdirector de la cárcel Fénix Lara, quien fue detenido en 2022 por presuntos tratos crueles y uso indebido de un arma de fuego contra mujeres privadas de libertad. Este nuevo nombre no solo resulta inquietante, sino que también refleja la continuidad de prácticas denunciadas en el pasado.
Las denuncias sobre maltratos en el penal de Tocuyito no son nuevas, y el OVP enfatiza que cambiar el nombre del centro no soluciona los problemas estructurales que afectan a los internos. La organización reiteró su llamado a las autoridades a investigar la muerte de Navas de manera transparente, recordando que la pena de muerte está prohibida en Venezuela y que las autoridades penitenciarias tienen la responsabilidad de proteger la vida y la integridad de las personas bajo su custodia.
En un país donde la justicia parece un concepto lejano, ¿cuántas muertes más serán necesarias para que las autoridades actúen y garanticen condiciones dignas en las prisiones?
