La Corte Constitucional de Colombia avaló este martes la mayor parte de la reforma pensional impulsada por el expresidente Gustavo Petro, con lo que despejó el camino para los principales cambios al sistema de jubilación del país.
La decisión fue adoptada por siete votos contra uno y puso fin a más de dos años de incertidumbre sobre el futuro de la Ley 2381 de 2024, cuya entrada en vigor había sido suspendida en 2025 debido a problemas detectados en su trámite legislativo.
Aunque la Corte respaldó la mayor parte de la reforma, devolvió algunos apartes a la Cámara de Representantes para que sean corregidos por irregularidades en el procedimiento de aprobación.
Petro celebró la decisión a través de X y aseguró que representa «un nuevo triunfo del gobierno del cambio y del pueblo trabajador».
Cuatro pilares
La reforma establece un sistema compuesto por cuatro pilares: uno solidario, destinado a adultos mayores en situación de pobreza; uno semicontributivo, dirigido a quienes cotizaron pero no alcanzaron las semanas requeridas; uno contributivo, que concentra la mayor parte de los aportes, y uno de ahorro individual, que mantiene la participación de los fondos privados.
Uno de los principales cambios establece que los trabajadores deberán cotizar sus ingresos hasta un determinado umbral en Colpensiones, mientras que los recursos que superen ese límite podrán dirigirse al componente de ahorro individual administrado por fondos privados.
La norma mantiene las edades actuales de jubilación en Colombia: 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. También conserva la cotización del 16 % del ingreso.
Reforma comenzará en 2027
El aval de la Corte no implica que el nuevo sistema entre en funcionamiento de inmediato. El tribunal determinó que la reforma comenzará a regir en abril de 2027, mientras se completa el trámite de los apartes que fueron devueltos al Congreso.
El Gobierno deberá reglamentar la ley y las entidades encargadas del sistema pensional tendrán que adaptar sus plataformas y procedimientos.
También quedan pendientes los recursos relacionados con la llamada «ventana de oportunidad» para el traslado de afiliados entre regímenes. Más de 27 billones de pesos, equivalentes a unos 8.440 millones de dólares, están vinculados a estos movimientos.
La decisión representa una victoria para el legado de Petro, pero abre un nuevo escenario político, debido a que el actual presidente, Abelardo de la Espriella, ha anunciado su intención de impulsar una contrarreforma para modificar algunos aspectos de la iniciativa.
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