Un tribunal federal en Albuquerque, Nueva México, emitió una orden de restricción temporal el domingo que impide la transferencia de tres inmigrantes venezolanos al Centro de Detención de la Base Naval de Guantánamo en Cuba, en el marco de las medidas de inmigración implementadas por la administración del expresidente Donald Trump.
Los abogados de los inmigrantes argumentaron en documentos legales que los detenidos «encajan en el perfil de aquellos que la administración ha priorizado para la detención en Guantánamo, es decir, hombres venezolanos detenidos en el área de El Paso con acusaciones falsas de conexiones con la banda Tren de Aragua». La denuncia solicitó la protección legal ante la falta de claridad respecto al acceso a procesos legales y la asistencia de abogados, así lo reseñó la agencia de noticias AP.
El juez Kenneth J. Gonzales, que presidió la audiencia, aprobó la solicitud de los abogados, quienes enfatizaron que esta es una «solución a corto plazo» que será revisada en las próximas semanas. Jessica Vosburgh, una de las abogadas, explicó: “Esto se revisará y se desarrollará más en las próximas semanas.”
La acción legal fue presentada por el Centro para Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México y el Centro de Asesoría Inmigrante Las Américas. Estas organizaciones manifestaron preocupación por el uso de Guantánamo como un «agujero negro legal», alertando sobre el riesgo que enfrentan los detenidos en términos de acceso a derechos legales.
El Tren de Aragua es una banda criminal que surgió en una prisión de la región central de Aragua, Venezuela, hace más de una década. Esta organización ha crecido considerablemente en años recientes, impulsada por la crisis migratoria en Venezuela, donde millones de personas han huido del régimen del presidente Nicolás Maduro y han buscado asilo en otros países de América Latina o en Estados Unidos.
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La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la semana pasada que vuelos de detenidos habían llegado a Guantánamo, lo que despertó inquietudes entre los defensores de derechos inmigrantes. Grupos activistas enviaron una carta el viernes exigiendo el acceso a las personas que han sido llevadas allí.
Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, más de 8,000 personas han sido arrestadas en acciones de cumplimiento migratorio desde la inauguración de Trump el 20 de enero. El expresidente ha manifestado su compromiso de deportar a millones de las aproximadamente 11.7 millones de personas que se estima que viven en Estados Unidos sin autorización.
