La Asamblea Nacional reveló su intención de promover cambios significativos en el marco legal del sector minero con el objetivo de atraer inversión extranjera y atraer capitales globales a actividades tradicionalmente dominadas por el Estado.
Según declaraciones del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el proyecto de reforma a la ley de minería contempla la posibilidad de que grandes empresas internacionales participen en la explotación de recursos como oro, diamantes y tierras raras, segmentos que históricamente han estado bajo control estatal o de empresas mixtas con participación limitada del capital extranjero.
Este movimiento forma parte de un ambicioso plan legislativo que la AN espera completar durante el año, con la aprobación prevista de unas 34 leyes enfocadas en “acompañar” lo que Rodríguez ha denominado un proceso de reformulación económica bajo la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Según él, la intención es que la legislación facilite la reactivación económica, ofrezca protección social y fortalezca el orden político del país.
En este contexto, la reforma minera y otra propuesta para acelerar trámites administrativos se sitúan entre las primeras iniciativas del calendario parlamentario. El plan también incluye futuras leyes con contenido político, aunque los detalles y alcances específicos de estas aún no han sido difundidos públicamente.
Esta medida se produce luego de una reciente reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada a finales de enero, que abrió el sector petrolero al capital privado y extranjero con el objetivo de hacerlo más competitivo y atraer nuevos flujos de inversión. Dicha reforma marca un cambio importante en la política económica venezolana tras décadas de alto control estatal en el sector energético.
Por otra parte, el propio diputado Rodríguez reconoció que hubo expropiaciones pasadas que fueron errores, citando el caso de la empresa Agroisleña como ejemplo, y sugirió que el Gobierno encargado estaría explorando la posibilidad de devolver activos expropiados en casos específicos como parte de una estrategia para restaurar la confianza y resolver litigios internacionales pendientes.
Este impulso hacia la apertura minera y energética se enmarca en un contexto de vínculos crecientes con empresas petroleras extranjeras, con reuniones de alto nivel entre la presidenta encargada y ejecutivos de grandes petroleras como Shell, así como intercambios con autoridades energéticas de Estados Unidos para consolidar acuerdos de cooperación a largo plazo.
En conjunto, estas iniciativas reflejan una transición en la política económica venezolana, donde la participación extranjera y privada en sectores estratégicos se presenta como un componente central para intentar revitalizar industrias clave tras años de contracción económica y sanciones internacionales.
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