El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, ha ordenado el cierre inmediato de las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el país. Esta decisión se produce luego de que la FAO publicara un informe en el que revela un aumento en los niveles de subalimentación en Nicaragua, alcanzando a 1,4 millones de personas.
El régimen sandinista ha rechazado categóricamente las conclusiones del informe, acusando a la FAO de «difundir información falsa y carecer de objetividad». El gobierno nicaragüense argumenta que el informe busca desprestigiar las políticas oficiales de lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria.
Crisis alimentaria y respuesta del gobierno
Según el informe de la FAO, el porcentaje de nicaragüenses subalimentados aumentó del 19,2% al 19,6% entre 2021 y 2023. Además, el costo de una dieta saludable ha aumentado significativamente, dejando a una gran parte de la población sin acceso a una alimentación adecuada.
La decisión del gobierno de expulsar a la FAO ha generado preocupación a nivel internacional, ya que evidencia una creciente tendencia hacia el aislamiento y la falta de transparencia por parte del régimen de Ortega.
Antecedentes
Esta no es la primera vez que el gobierno nicaragüense expulsa a organismos internacionales. En 2018, el régimen expulsó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) tras la publicación de un informe que denunciaba graves violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales.
Implicaciones
La expulsión de la FAO tiene graves implicaciones para la población nicaragüense, ya que limita el acceso a información y asistencia técnica en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Además, debilita la capacidad del país para abordar los desafíos relacionados con la pobreza y la desnutrición.
