La Policía de Seguridad Nacional de Hong Kong detuvo a un exconcejal de distrito y a una voluntaria como parte de una investigación por presuntos delitos de sedición vinculados al incendio del edificio Wang Fuk Court, en Tai Po, una tragedia que ha dejado al menos 146 fallecidos y 79 heridos.Con estas nuevas detenciones, ya son cuatro las personas arrestadas en menos de 48 horas por, según las autoridades, “aprovechar la tragedia para incitar al odio y generar inestabilidad social”, informaron medios locales.
Según EFE, el exconcejal Kenneth Cheung fue arrestado el domingo en su residencia. Paralelamente, una mujer identificada como voluntaria fue detenida por publicaciones en redes sociales consideradas incitadoras. Ambos permanecen bajo custodia mientras se les investiga por posibles violaciones de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional —la legislación del Artículo 23— en vigor desde el 23 de marzo de 2024.
El sábado ya había sido detenido un estudiante universitario que impulsó una petición en línea para exigir una investigación independiente del incendio y responsabilidades políticas. La iniciativa superó las 10.000 firmas en menos de 24 horas antes de ser retirada por la plataforma sin explicación pública.
La Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno central en Hong Kong había advertido recientemente que “individuos antichinos y malintencionados” estaban difundiendo rumores y utilizando la tragedia con fines políticos, comportamientos que calificó como “contrarios a la humanidad” y que, según recalcó, recibirán “castigo legal”.El Artículo 23 —aprobado por unanimidad en un Consejo Legislativo sin oposición y distinto de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020— permite mantener incomunicada a una persona hasta por 16 días sin cargos, restringir su acceso a abogados y contempla penas de cadena perpetua por delitos como traición, insurrección, sabotaje o injerencia externa.Organizaciones de derechos humanos, gobiernos occidentales y la ONU han criticado la amplitud y el carácter regresivo de la norma, mientras las autoridades defienden que es necesaria para cerrar vacíos legales tras las protestas prodemocracia de 2019.
La investigación del incendio continúa centrada en el uso de materiales inflamables durante las obras de remodelación del edificio y en posibles irregularidades en la adjudicación del contrato, elementos que ya han motivado once imputaciones por homicidio imprudente y presunta corrupción.
Fuente: Versión Final
