El ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció que el Gobierno colombiano presentará en un plazo de dos semanas ante el Congreso un proyecto de ley para regular el sometimiento de los grupos armados ilegales.
«Acogimiento voluntario al Estado de derecho, sí; negociaciones abiertas e impunidad, no», afirmó Cancino, quien señaló que las organizaciones armadas no recibirán reconocimiento político ni excarcelaciones como parte de estos procesos.
Uno de los principales puntos aún por definir está relacionado con las extradiciones y las penas que enfrentarán los integrantes de las estructuras que decidan someterse. El tema resulta especialmente relevante debido a la participación de varios de estos grupos en el narcotráfico y a los procesos judiciales que algunos de sus líderes enfrentan en Estados Unidos.
La ausencia de una legislación específica sobre el sometimiento ha sido uno de los obstáculos para avanzar en las mesas de la denominada «paz total». Durante el gobierno de Gustavo Petro fueron presentados dos proyectos en esta materia, pero ninguno consiguió avanzar en el Congreso. La última propuesta contemplaba penas de hasta ocho años y la posibilidad de que los desmovilizados conservaran 12 % de sus ganancias.
El caso de los 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) será una de las primeras pruebas para la nueva estrategia. Desde junio permanecen en una zona de ubicación en el Bajo Putumayo, como parte de un proceso de desmovilización acordado con la administración anterior.
Cancino aseguró que ese proceso fue reactivado y que actualmente se desarrollan conversaciones con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía para definir los siguientes pasos.
Por su parte, el presidente ha señalado que la política de «paz total» quedó atrás y ha cuestionado los resultados de la estrategia implementada durante la administración anterior. El Gobierno también prepara un nuevo estatuto antiterrorista, que será llevado al Congreso como parte de su política frente a las organizaciones criminales.
El alcance de estas medidas dependerá de la forma en que se regulen los procesos de sometimiento, las condiciones judiciales para los integrantes de estos grupos y la respuesta que genere la estrategia en las zonas afectadas por la violencia.
