Quijano es uno de los dirigentes de mayor rango de la oposición sentenciados por pactos con estructuras criminales y considerado un rival político por el presidente Nayib Bukele.
Quijano fue condenado en abril de 2024 a 13 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude procesal. Según la Fiscalía, el exdirigente, junto con otros líderes del partido derechista ARENA, negoció la entrega de 100.000 dólares a las pandillas MS-13 y Barrio 18 a cambio de influir en el voto de la población a favor de su partido. Pese a esos pactos, las elecciones fueron ganadas por el FMLN, al que entonces pertenecía el hoy presidente Bukele. Las investigaciones fiscales sostienen que ese partido también negoció con las pandillas, aunque por una suma mayor —250.000 dólares—, lo que habría facilitado la victoria del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
En un mensaje publicado en X (antes Twitter), la Fiscalía difundió un video en el que se ve a Quijano, de 79 años, descendiendo de un avión y luego esposado mientras un agente le lee sus derechos. Las autoridades indicaron que fue capturado en Estados Unidos y extraditado a petición del Gobierno salvadoreño. El diario USA Today informó en mayo de 2025 de que Quijano había sido detenido mientras solicitaba asilo político.
El exlíder de ARENA permanecía prófugo desde octubre de 2021, cuando huyó del país pocas horas antes de que la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, ordenara retirarle la inmunidad parlamentaria que conservaba por su escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), una instancia señalada con frecuencia como refugio de políticos acusados de corrupción.
Bukele celebró la captura con un mensaje en su cuenta de X: “Un mensaje para todos los que huyen de la justicia”, escribió. Desde su llegada al poder, el mandatario ha buscado la extradición de varios dirigentes opositores procesados por corrupción o pactos con pandillas, entre ellos el expresidente Mauricio Funes, condenado por la malversación de 351 millones de dólares, quien murió en enero de 2025 en Nicaragua, donde permanecía asilado.
Quijano se convirtió en un blanco recurrente del discurso presidencial desde la campaña de Bukele en 2019. El mandatario lo citó en numerosas ocasiones como símbolo de la impunidad y como justificación de su política de seguridad, inicialmente rodeada de secretismo. “Negociaron con la sangre del pueblo. Hay pruebas de que financiaron actos terroristas”, escribió Bukele apenas cuatro meses después de asumir el poder, al exigir la renuncia de Quijano y el procesamiento de los involucrados por violación de la Ley Antiterrorista. Desde entonces, el presidente ha insistido públicamente en su captura.
Doble rasero
El discurso oficial, sin embargo, ha sido cuestionado por su doble rasero. Mientras Bukele ha denunciado los pactos de gobiernos anteriores con las pandillas, ha evitado señalar o perseguir a funcionarios de su entorno, como Osiris Luna, director de Centros Penales, y Carlos Marroquín, señalados por la Fiscalía de Estados Unidos por negociar beneficios penitenciarios a cambio de apoyo electoral de las mismas estructuras criminales.
La estrecha relación entre Bukele y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha facilitado varios gestos de cooperación. A lo largo de 2025, Estados Unidos entregó a El Salvador al menos a tres líderes de la MS-13 procesados en tribunales de Nueva York, cuyas declaraciones podrían comprometer a funcionarios del actual Gobierno.
En octubre del año pasado, otros tres exfuncionarios, un extrabajador de una ONG y un periodista fueron condenados en El Salvador por negociar con pandillas. Por ahora, las autoridades no han precisado si Quijano será enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida para albergar a miembros de las pandillas.
