Una nueva investigación advierte que las violencias que enfrentan las mujeres en Venezuela —desde la trata y la explotación laboral hasta la violencia institucional, la discriminación y la precariedad extrema— continúan profundizándose y afectan con especial dureza a mujeres indígenas, migrantes, adultas mayores y personas Lgbtiq+.
El informe, elaborado por la Caleidoscopio Humano y publicado en noviembre bajo el título Resistencias que sanan: haciendo frente al silencio opresor en Venezuela, sostiene que la disminución del financiamiento internacional para organizaciones sociales ha agravado la invisibilización de estas vulneraciones y ha limitado su capacidad de monitoreo y respuesta.
La organización destaca la feminización de la migración venezolana: miles de mujeres que cruzan fronteras en solitario terminan en empleos de cuidados altamente precarizados, con jornadas extenuantes y sin protección laboral, situación que aumenta los riesgos de explotación y de captación por redes de trata que operan a través de redes sociales y ofertas engañosas.
El documento recoge cifras que dimensionan el problema. En los últimos seis años, 4.761 mujeres y niñas venezolanas han sido rescatadas de redes de trata, un número que, según la ONG, apenas representa una parte del fenómeno. También subraya la doble vulnerabilidad que enfrentan las mujeres trans, debido a barreras institucionales que les impiden rectificar documentos de identidad, la falta de acceso a tratamientos médicos y la exposición a explotación y violencia, informa El Nacional.
La organización alerta asimismo sobre un patrón de detenciones masivas de mujeres. Foro Penal registró 230 detenciones femeninas entre el 28 de julio y el 26 de agosto de 2024. Las condiciones de reclusión descritas son graves: hacinamiento, racionamiento de agua y alimentos, ausencia de clasificación por edad o género y prácticas que configuran tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El informe señala testimonios de agresiones sexuales, desnudez forzada, violaciones y torturas, incluso a mujeres embarazadas.Entre los casos mencionados figura el de una adolescente detenida en Carúpano que, tras un ataque de nervios, sufrió un daño cerebral confirmado en exámenes médicos.
La ONG afirma que muchas detenidas enfrentan imputaciones por delitos graves como terrorismo o “instigación al odio”, con penas que pueden alcanzar los 20 años y sin acceso a beneficios procesales, lo que obstaculiza el derecho a la defensa en un sistema marcado por audiencias virtuales y la asignación obligatoria de abogados públicos.
El informe también documenta muertes atribuibles a la negligencia estatal. Destaca el caso de Yenny Lucía Barrios, paciente oncológica que no recibió atención oportuna, y el de Deisy Chirinos, recluida en el Inof, quien falleció por desnutrición. Además, denuncia el uso de la pobreza menstrual como mecanismo de humillación y control dentro de las cárceles, así como el cobro irregular de entre 60 y 300 dólares para permitir visitas conyugales.
La situación de las mujeres indígenas representa otro foco de preocupación. Caleidoscopio Humano señala que la minería ilegal y proyectos extractivos del Arco Minero del Orinoco han profundizado la violencia contra comunidades originarias, provocando desplazamientos, trabajo forzado, presencia de grupos armados y exposición al mercurio, con consecuencias directas en la salud reproductiva, como abortos espontáneos y riesgos cancerígenos.
La ONG advierte que la ausencia de cifras oficiales impide dimensionar plenamente la magnitud del daño.El informe recuerda que la Constitución venezolana, la Lopnna y tratados internacionales como la Convención Americana y las Reglas de Bangkok garantizan derechos que —según la investigación— se vulneran de manera sistemática en el país, especialmente para las mujeres privadas de libertad.Frente a este contexto, Caleidoscopio Humano insta a recuperar el financiamiento a organizaciones civiles para fortalecer mecanismos de protección con enfoque de género; a implementar políticas públicas dirigidas a mujeres migrantes, indígenas, mayores y personas Lgbtiq+; a reforzar los protocolos contra la trata garantizando acceso a la justicia; y a adoptar medidas urgentes para revertir la crisis penitenciaria y asegurar condiciones dignas de detención.
Fuente: Versión Final
