El Centro Carter ha presentado su informe final sobre las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Reiteran la conclusión que dieron apenas salieron de Venezuela, dos días después de los comicios, en medio de las denuncias de fraude de la oposición y de protestas ciudadanas generalizadas que fueron rápidamente reprimidas por el Gobierno. El organismo con sede en Washington asegura que los comicios “no cumplieron estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticos”. Pero en esta declaración final, añaden, que además de “la falta de transparencia en el anuncio de los resultados y la aparente falsificación del resultado, las autoridades venezolanas siguieron siendo incapaces de cumplir varios objetivos fundamentales condiciones para una elección democrática”.
El Centro Carter desplegó observadores en cuatro ciudades del país (Caracas, Valencia, Barinas y Maracaibo) desde un mes antes de la jornada electoral. Para el organismo, en Venezuela no existe un “marco legal neutral” ni un “organismo electoral imparcial y transparente” ni libertad de hacer campaña para partidos y candidatos y de informar para los medios de comunicación. Tampoco hubo competencia libre y justa, oportunidades plenas y equitativas para observar el proceso, y mecanismos imparciales y efectivos para resolver disputas. Por ello, una el organismo insiste en recomendar que “las autoridades demuestren respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos, permitiendo una revisión transparente e independiente de los resultados” de las elecciones presidenciales.
“Los resultados electorales anunciados por el CNE no pudieron verificarse de forma independiente, lo que constituyó una grave violación a los principios electorales y al derecho venezolano”, dice el informe que resalta la suspensión de las tres auditorías poselectorales en las que se hubiera podido verificar el presunto ciberataque que sufrió el sistema, según las autoridades. El organismo resalta que el CNE pudo haber entregado los resultados por medios alternativos, pero se abstuvo; que las actas publicadas por la oposición son confiables y que el número disponible se confirma un resultado irreversible a favor de la oposición.
Además, el organismo señala al Gobierno venezolano de continuar una “ofensiva y restricciones a los derechos políticos fundamentales, incluida la libertad de expresión, asociación y movimiento” de dirigentes opositores y sociedad civil. La crisis política desatada tras las elecciones presidenciales ha sido aplacada por el chavismo por la vía de los hechos. La reelección de Nicolás Maduro no pasó las pruebas de la observación internacional que estuvo en terreno, ni la del Centro Carter, ni la del Panel de Expertos de las Naciones Unidas. El Consejo Nacional Electoral tampoco ha conjurado las controversias.
A seis meses de las elecciones aún no se han publicado los resultados desagregados y la página web del organismo continúa inactiva. Frente a las denuncias de fraude de la oposición, el líder chavista validó el resultado a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que controla políticamente, que tampoco resolvió el asunto. Una gran parte de la comunidad internacional ha decidido no reconocer la elección y Maduro vuelve a navegar otra temporada de aislamiento diplomático, aunque en un nuevo escenario geopolítico.
Maduro ha recuperado una interlocución directa con Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Una especie de inercia ha permitido al chavismo reacomodarse y seguir, mientras la oposición ha sido arrinconada por la persecución de los cuerpos de seguridad. La principal dirigente María Corina Machado está en la clandestinidad y gran parte de su equipo de colaboradores ha sido arrestado; el candidato opositor Edmundo González está en el exilio y el resto de la clase política está replegada.
Con una serie de leyes como la Simón Bolívar, la de fiscalización de las ONG y la de defensa del Esequibo —que el Centro Carter recomienda enmendar o derogar— el chavismo busca neutralizar cualquier amenaza en lo político. También echó a andar una reforma constitucional que cambiará la estructura de los poderes. Es en este marco se preparan nuevas elecciones para el 27 de abril, cuando se aspira a renovar a los diputados de la Asamblea Nacional y a los gobernadores, mientras la mayor parte de oposición en Venezuela luce desmovilizada y algunos partidos minoritarios se debaten sobre la posibilidad de concurrir a las urnas en un terreno minado.
