Un migrante en silla de ruedas, con graves lesiones en sus tobillos, brazos y torso, asegura que fue empujado por soldados desde una altura de más de seis metros. Al hablar con Amnesty International en Ceuta, se quejó de no haber recibido ni siquiera una radiografía, limitándose a recibir un vendaje de emergencia.
Este testimonio es solo uno de los muchos incluidos en una investigación que documenta golpizas, humillaciones y expulsiones sumarias desde Ceuta. Según la organización, estos abusos podrían equivaler a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Los relatos incluyen golpes con porras y botas, personas atadas con bridas, ataques a la cabeza y amenazas para que abandonaran Ceuta. Amnesty sostiene que estos episodios, que testigos atribuyen a miembros de las Fuerzas Armadas Españolas, «parecen seguir un patrón», especialmente en operaciones de las unidades Regulares y de la Legión.
Amnesty está exigiendo una investigación independiente y exhaustiva, así como la determinación de cualquier responsabilidad penal y disciplinaria. Tras la publicación del informe, el Ministerio de Defensa español ha indicado que se ha decidido remitir el caso a la Fiscalía y al Juzgado de Ceuta para que se investigue y se determine cualquier posible responsabilidad individual.
La investigación, realizada entre el 10 y el 15 de septiembre, incluyó más de 65 entrevistas y 22 testimonios directos que acusan a soldados de golpizas, acosos, humillaciones, robos y confiscación o destrucción de teléfonos móviles. La organización ha documentado lesiones que coinciden con los relatos de los migrantes.
Entre los casos documentados se encuentra el de un joven marroquí que afirmó no haber podido caminar durante 25 días tras ser empujado desde más de seis metros por un soldado mientras dormía cerca de la capilla de San Antonio de Padua. Otros dos jóvenes reportaron haber sido golpeados con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas. Amnesty verificó las marcas que estas ataduras dejaron en sus muñecas.
Además, la organización denuncia posibles expulsiones ilegales. Según testimonios y videos a los que tuvo acceso, algunos soldados, supuestamente encapuchados, actuaron de noche, golpeando a migrantes o rociándolos con spray irritante antes de realizar la expulsión sumaria por la valla de Tarajal de regreso a Marruecos.
Amnesty también documenta el caso de un ciudadano yemení que había expresado su intención de solicitar protección internacional y que, según su relato, fue expulsado sin ningún procedimiento. Asegura que fue llevado junto a decenas de otros a la frontera y entregado a la policía marroquí, y la organización afirma haber visto documentación que respalda su versión.
La investigación también reporta acosos racistas, xenófobos e islamófobos que, según la organización, están afectando a la población de Ceuta. Residentes percibidos como de origen marroquí han sido objeto de controles de identidad y restricciones de acceso a ciertas áreas de la ciudad, incluyendo tiendas y supermercados.
El equipo de Amnesty fue testigo de uno de estos incidentes. Durante su visita, varios soldados se acercaron a un grupo de personas sentadas en un banco cerca del centro de la ciudad, les preguntaron si «eran de aquí» y les ordenaron que se marcharan. Cuando los investigadores preguntaron por qué se les estaba forzando a irse, uno de los soldados respondió: «Tenemos órdenes de asegurarnos de que no se sientan cómodos».
Amnesty también reporta que su equipo sufrió acosos durante la investigación. El 11 de septiembre, mientras interrogaban sobre la remoción de personas consideradas migrantes en las cercanías del Hospital Universitario de Ceuta, los miembros fueron requeridos de identificación por la Policía Nacional y fueron insultados por un grupo de soldados que patrullaban cerca del centro de salud.
La organización advierte sobre posibles violaciones al derecho de asilo. Durante su visita, entrevistaron a personas de países en conflicto como Somalia y Yemen que habían llegado a Ceuta antes del 30 de julio y cuyos procedimientos de protección internacional aún no habían comenzado. Algunos de ellos no habían sido entrevistados para identificar si eran vulnerables y no habían recibido información suficiente sobre cómo solicitar protección internacional.
La situación de los menores no acompañados en Ceuta es igualmente alarmante. Según cifras institucionales recabadas por Amnesty, se han identificado a 2,383 niños migrantes no acompañados, de los cuales entre 500 y 700 aún viven en las calles sin ningún tipo de apoyo. Algunos apenas tienen 12 o 13 años.
Amnesty ha hablado con menores no acompañados que acuden casi a diario a las estaciones de policía en busca de protección y que, según sus testimonios, son repetidamente rechazados. La organización argumenta que esta situación infringe las obligaciones de protección que deben activarse cuando las autoridades encuentran a un niño sin un adulto responsable.
La situación también afecta a cientos de mujeres. Se estima que alrededor de 800, algunas acompañadas por sus hijos, viven en las calles. Durante su visita, encontraron familias durmiendo al aire libre y otras alojadas en espacios improvisados sin duchas ni baños.
Tras su investigación, Amnesty International ha enviado cartas al primer ministro de España y al presidente de Ceuta para compartir sus conclusiones y llamar a medidas urgentes. La organización exige una investigación «rápida, imparcial, independiente y exhaustiva» sobre las denuncias de abuso, incluyendo aquellas que puedan equivaler a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También demanda que los soldados presuntamente involucrados en los asaltos sean retirados temporalmente de su deber mientras se aclaran los hechos y que se determinen las posibles responsabilidades penales y disciplinarias.
No obstante, la organización reconoce la complejidad de la situación que enfrentan las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad desplegados en Ceuta, recordando que más de 30 migrantes han sido arrestados por asaltos a soldados. Sin embargo, enfatiza que esta situación no exime a los agentes estatales de su obligación de respetar la ley nacional y los derechos humanos internacionales.
