Canadá impuso sanciones este martes a cinco altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a quienes acusan de participar en “violaciones de derechos humanos y en el fraude electoral” ocurrido en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela.
La ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, declaró que estas medidas buscan enviar un “mensaje claro” al gobierno venezolano, subrayando que Canadá no tolerará la represión de la voluntad democrática del pueblo.
“Estamos dispuestos a trabajar con socios de la región para apoyar el diálogo, pero también a imponer sanciones a quienes impidan la expresión plena de los derechos democráticos de los venezolanos”, afirmó.
Los funcionarios sancionados son Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Juan Carlos Hidalgo Pandares, magistrado del TSJ; Rosalba Gil Pacheco, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE); Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal que solicitó la orden de captura contra Edmundo González Urrutia; y Edward Miguel Briceño Cisneros, juez que aprobó la orden de captura contra González Urrutia.
El comunicado subrayó que observadores internacionales independientes y ciudadanos aportaron «evidencia creíble» de que Maduro no fue el ganador legítimo de los comicios del 28 de julio.
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Estas medidas contra altos mandos del Gobierno venezolano se conjugan con las adoptadas previamente por Estados Unidos y otros aliados en respuesta a la crisis política venezolana.
Esta es la cuarta ronda de sanciones de Canadá sobre Venezuela en los últimos años, luego de las realizadas en 2017, 2018 y 2019, en las cuales fueron afectadas un total de 116 personas.
