El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González, aseguró que no existe justificación para el aumento de los precios de los inmuebles y alquileres que se ha observado recientemente en el país. Señaló que estos incrementos responden a percepciones individuales y no a la realidad del mercado.
“Ese aumento no responde a ninguna expectativa que no sea la percepción de una persona y la carencia o la falta de asesoría profesional”, afirmó González citado por Bitácora Económica.
Insistió en que “no existe nada que justifique el aumento de precio” y descartó que el valor de oferta del metro cuadrado refleje una dinamización del sector. Asimismo, explicó que, aunque 2026 comenzó con expectativas de mejora, estas no implican que elevar los precios sea la decisión adecuada.
“No han aumentado las condiciones de la demanda ni la capacidad de compra del venezolano”, afirmó.
Un informe de la Universidad Católica Andrés Bello y Mercado Libre, publicado en diciembre y citado por el medio, indica que el precio del metro cuadrado en apartamentos del Distrito Capital promedia los 846 dólares.
El dirigente gremial, sin embargo, advirtió que fijar valores por encima de la realidad del mercado puede provocar una ralentización de las ventas. Señaló que si un inmueble permanece seis meses en oferta sin concretar la venta y luego se incrementa su precio, las probabilidades de cierre disminuyen aún más.
La falta de crédito es un factor determinante
Recordó que el negocio inmobiliario depende del financiamiento a largo plazo, una herramienta inexistente actualmente en la banca nacional. “Sin financiamiento, no hay una potenciación de la demanda que determine que es una decisión aumentar el valor del metro cuadrado”, agregó.
La Cámara Inmobiliaria también alertó sobre la ausencia de proyectos habitacionales. Según los registros del gremio, desde 2012 no se reporta la construcción de metros cuadrados nuevos destinados a vivienda en el país, situación que atribuyen a la vigencia de tres instrumentos legales que frenan la inversión.
Entre ellos mencionó la Ley de Arrendamiento, que establece condiciones consideradas riesgosas por los propietarios para la recuperación de sus inmuebles.
“El desequilibrio en las garantías para el arrendador ha provocado que miles de unidades permanezcan cerradas, fuera del mercado de alquiler”, sostuvo.
También señaló la Ley del Deudor Hipotecario, que impide pactar hipotecas o realizar ventas en moneda extranjera, lo que reduce las posibilidades de financiamiento a largo plazo en una economía donde se utilizan divisas y limita las transacciones a pagos de contado.
A esto se suma la Ley de Estafa Inmobiliaria, que contempla penas de prisión ante variables que puedan retrasar la entrega de proyectos. Esta normativa, explicó, ha llevado a inversionistas a retirarse del segmento habitacional debido a los riesgos penales asociados a la promoción de viviendas.
“Si este marco jurídico es revisado o replanteado, se puede incentivar la producción de vivienda, lo que se traduce en generación de empleo”, afirmó González.
Proyecciones para este año
Ante la falta de proyecciones claras de crecimiento por la variabilidad de los indicadores económicos, el gremio centrará sus esfuerzos en la formación de sus integrantes.
“El mercado, a partir del 2026, va a ser un mercado de exigencia y va a determinar una capacidad de consultoría por parte de los profesionales. Estamos preparando a nuestros agremiados para las realidades de cumplimiento que van a demandar las empresas extranjeras”, expresó.
El Nacional
