La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este lunes que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) opera con impunidad en Estados Unidos y exigió que rinda cuentas por presuntas violaciones de derechos humanos, luego del segundo asesinato registrado en Mineápolis en menos de tres semanas durante operativos migratorios.
En un comunicado, Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de AI en EE.UU., aseguró que las acciones de ICE y de la Patrulla Fronteriza no contribuyen a la seguridad pública. Por el contrario, afirmó que las agencias federales recurren al uso de fuerza letal en espacios públicos, generan temor en comunidades enteras y separan a familias.
Fischer instó al Congreso estadounidense a rechazar cualquier aumento de financiamiento para ICE y a tomar medidas inmediatas para garantizar responsabilidad institucional por muertes y otros abusos cometidos durante operativos de detención y control migratorio.
La ONG se refirió específicamente al caso de Alex Pretti, un enfermero de 37 años que murió tras ser abatido por agentes federales durante una operación migratoria el pasado fin de semana en Mineápolis. De acuerdo con registros audiovisuales difundidos, Pretti fue rodeado, inmovilizado y desarmado antes de recibir varios disparos cuando ya se encontraba en el suelo.
Para Amnistía Internacional, este hecho no es aislado. La organización sostiene que forma parte de un patrón sistemático de prácticas abusivas, facilitadas por la falta de supervisión y sanciones contra la agencia migratoria.
El caso de Pretti se suma al de Renee Good, una mujer que falleció el pasado 7 de enero tras recibir disparos de un agente de ICE en la misma ciudad.
En su pronunciamiento, Fischer denunció además muertes en la vía pública, torturas y otros abusos en centros de detención migratoria, señalando que ICE ha violado derechos humanos de forma reiterada sin enfrentar consecuencias.
Este lunes, un tribunal de Mineápolis celebra una audiencia relacionada con el operativo migratorio a gran escala desplegado en el estado, luego de una demanda presentada por Minnesota y las ciudades de Mineápolis y Saint Paul contra las autoridades federales.
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