El Ministerio de Defensa de Colombia informó este martes que el número de muertos por la violencia guerrillera en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, ascendió a 63. Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que comenzaron el pasado 16 de enero, han dejado 33 víctimas mortales en el municipio de Tibú, 21 en Teorama y seis en El Tarra, mientras que han sido asesinadas una persona en San Calixto, otra en Hacarí y una más en Ocaña.
Crisis humanitaria en el Catatumbo
El Catatumbo vive una de las peores crisis humanitarias de Colombia en su historia reciente, pues afecta a casi 85 mil personas, entre ellas comunidades indígenas y migrantes venezolanos. Así lo aseguró a EFE la representante en Colombia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mireille Girard, quien manifestó que, con corte al pasado 14 de febrero, los afectados son 84 mil 621 personas que en su mayor parte han sido desplazadas por la violencia guerrillera.
«La violencia en el Catatumbo ha generado el mayor desplazamiento masivo desde que tenemos registros en Colombia. Hay comunidades y familias confinadas, con movilidad restringida y acceso limitado a alimentos, atención médica y ayuda humanitaria», puntualizó Girard.
Cifras alarmantes
Las cifras recopiladas por Acnur son alarmantes: 52 mil 286 desplazados, 19 mil con restricciones de movilidad, 8 mil 668 confinados y 4 mil 667 refugiados y migrantes venezolanos.
Situación crítica para firmantes de paz
La situación también es crítica para los firmantes de paz ya que nueve excombatientes a los que el ELN acusa de ser miembros del Frente 33 de las disidencias, están desaparecidos, mientras que seis de ellos fueron asesinados.
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Llamado a la acción
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la escalada de violencia en el Catatumbo y ha instado a las partes en conflicto a buscar una solución pacífica a la crisis. Es fundamental que se tomen medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar el acceso a la ayuda humanitaria.
