En El Salvador, la situación judicial se torna alarmante: aproximadamente 90% de las más de 93.000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, impuesto hace cuatro años por el presidente de extrema derecha Nayib Bukele, aún no ha sido sometido a juicio. Esta revelación proviene de un informe presentado por el fiscal general del país, Rodolfo Delgado, en una reunión del Congreso.
Delgado indicó que su oficina ha registrado apenas 10.500 sentencias desde la implementación de estas medidas excepcionales. «Estos números y estos porcentajes se refieren exclusivamente a los casos que ya pasaron a la etapa de juicio (…) esperamos que se vayan incrementando», comentó el fiscal, subrayando que el 90% de los detenidos continúa a la espera de esa instancia judicial.
El informe no detalló los delitos específicos que abarcan estas detenciones, aunque el rango incluye desde infracciones menores hasta homicidios. La falta de claridad sobre los cargos resalta la preocupación sobre la transparencia del proceso judicial en el país.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidas violaciones bajo el gobierno de Bukele, que van desde arrestos arbitrarios hasta más de 500 muertes en prisión. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos y las implicaciones que tienen para el estado de derecho en El Salvador.
