El oro venezolano, uno de los recursos en los que la administración de Donald Trump puso el ojo en el marco del proceso de tutelaje en Venezuela tienen sobre sí una muy alargada sombra que acecha en decenas de país del continente, incluyendo en los Estados Unidos: el Tren de Aragua, organización delictiva trasnacional calificada como terrorista en el país de las barras y las estrellas.
Las sospechas sobre su origen, sus posibles vínculos con la poderosa banda criminal y la corrupción que durante años rodeó a la minería venezolana amenazan con convertirlo, al menos reputacionalmente, en “oro negro”, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times que reconstruye el recorrido desde las minas del sur de Venezuela hasta Washington y las grandes casas comerciales internacionales.
El reportaje sostiene que cargamentos por cientos de millones de dólares ya llegaron a Estados Unidos, pero permanecen almacenados porque las refinerías dudan sobre su procedencia. El problema es que procesar el metal exige cumplir estándares internacionales de debida diligencia para determinar que el oro no haya financiado organizaciones criminales, corrupción, abusos o destrucción ambiental.
La carta del senador Ron Wyden
En abril, el senador demócrata Ron Wyden pidió explicaciones a Trafigura por el acuerdo y recordó informes estadounidenses que documentaron riesgos de corrupción, graves abusos contra los derechos humanos, control de minas por bandas criminales y una extensa degradación ambiental en las zonas auríferas de Venezuela.
La propia administración estadounidense reconoce todavía esos riesgos. Las actuales licencias del Tesoro permiten determinadas operaciones con minerales venezolanos, incluido el oro, pero advierten sobre transacciones relacionadas con corrupción, prácticas engañosas y actores sancionados. (ANSA).
Rosana Sosa García, economista con más de 30 años de experiencia en entornos internacionales, incluyendo organismos multilaterales, análisis de riesgo y evaluación de políticas económicas, asegura que Wyden pidió sus políticas AML y CFT y la lista de minas de origen. Detalla que, por ahora, no consta respuesta pública de Transfigura.
“El caso del oro venezolano es particularmente ilustrativo: las dudas sobre su procedencia y trazabilidad han generado obstáculos para su comercialización. La carta del senador Ron Wyden al presidente de Trafigura vuelve a poner estas exigencias sobre la mesa”, señala.
La paradoja de Trump
La paradoja es evidente: fue el propio gobierno de Trump el que, durante su primer mandato, puso en la mira al sector aurífero venezolano. En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a la minera estatal Minerven y sostuvo entonces que el negocio del oro estaba vinculado con corrupción, organizaciones criminales, deforestación, contaminación con mercurio y otros daños ambientales.
Siete años después, la misma Minerven aparece en el centro del nuevo acercamiento comercial entre Washington y Caracas. En marzo pasado, la compañía estatal alcanzó un acuerdo para suministrar entre 650 y 1.000 kilos de oro a la comercializadora de materias primas Trafigura, con destino a refinerías estadounidenses.
La Casa Blanca confirmó entonces que el acuerdo había sido impulsado bajo la dirección de Trump y con participación del secretario del Interior, Doug Burgum. Con los precios de ese momento, una tonelada tenía un valor aproximado de 165 millones de dólares.
Pero la investigación del Times va más allá y plantea que parte del oro que está entrando en este nuevo circuito podría proceder de mineros obligados a pagar sobornos al Tren de Aragua y que inversores estadounidenses estarían vinculándose con una mina relacionada, según el periódico, con integrantes del crimen organizado.
Es justamente allí donde el oro comienza a perder su brillo. Las advertencias sobre la minería venezolana no son nuevas.
Pilar Cero
Sosa García, especializada en Gobernanza y toma de decisiones en entornos complejos, Gestión y análisis de riesgos, Política económica y finanzas públicas y Evaluación crítica de entornos regulatorios y sistemas de información, advierte en ese mismo sentido, la fragilidad de la trazabilidad para la deuda venezolana.
“Si no se establecen desde el inicio mecanismos sólidos de trazabilidad, debida diligencia e identificación de la cadena de titularidad, problemas similares pueden trasladarse al proceso de reestructuración”, agrega.
La economista reflota en sus apreciaciones sobre el tema del oro venezolano y su trazabilidad, su propuesta denominada Pilar Cero, un filtro de integridad previo al reconocimiento de una reclamación, cuya función es verificar, hasta donde lo permitan la evidencia y el marco jurídico aplicable, que la obligación existe, quién la reclama y con qué título, quién es su beneficiario final, cuál ha sido su trazabilidad, qué contraprestación económica la originó y cuál es su valoración.
“No sustituye el análisis de sostenibilidad de la deuda. Tampoco reemplaza las cláusulas de acción colectiva, la negociación con los acreedores, la determinación jurídica de la validez de las obligaciones ni las decisiones macroeconómicas que corresponden a las autoridades competentes. Su lugar es anterior, porque controla qué entra en el perímetro antes de negociar sobre aquello que ya ha entrado”, afirma.
