Estados Unidos reactivó la construcción de un tramo de 100 kilómetros de muro fronterizo entre Arizona y México, una obra que atraviesa territorios de la Nación Tohono O’odham y que ha generado oposición por afectar una zona considerada sagrada.
Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), confirmó que el proyecto conocido como «Tucson 5» volvió a ponerse en marcha.
Según Scott, la infraestructura permitirá cerrar uno de los corredores que las autoridades estadounidenses consideran más utilizados para el contrabando y el tráfico de drogas en la frontera suroeste.
El funcionario señaló que se trata de una zona desértica remota que, durante décadas, ha sido utilizada para actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de personas y el cruce irregular de migrantes.
Tribu indígena se opone a la construcción
La reactivación de las obras se produjo después de que un juez federal en California rechazara la solicitud de la Nación Tohono O’odham para detener temporalmente la construcción del muro a través de su reserva en el sur de Arizona.
El magistrado consideró que la comunidad indígena no logró demostrar que la obra reduciría ilegalmente su reserva o constituiría una invasión federal, como sostiene en la demanda presentada en junio.
La Nación Tohono O’odham ha expresado su preocupación por el impacto de la construcción sobre lugares sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales.
Legisladores piden suspender las obras
La congresista demócrata Adelita S. Grijalva, junto con otros tres representantes de la Cámara de Representantes, pidió a los departamentos de Seguridad Nacional e Interior suspender inmediatamente los trabajos.
Los legisladores cuestionaron que el Gobierno federal no haya realizado una consulta significativa con las comunidades indígenas antes de avanzar con una obra que podría afectar territorios considerados de importancia cultural y religiosa.
La petición también plantea dudas sobre el uso de recursos públicos para construir barreras fronterizas adicionales y propone priorizar otras medidas de seguridad, como la modernización y fortalecimiento de los puertos de entrada entre Estados Unidos y México.
El proyecto forma parte de la política de refuerzo de la frontera sur impulsada por la administración del presidente Donald Trump, en medio de un debate nacional sobre migración, seguridad fronteriza y protección de territorios indígenas.
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