Una jueza federal bloqueó el martes a la administración Trump de realizar detenciones masivas de inmigrantes en Washington, D.C., a menos que los agentes obtengan órdenes judiciales o tengan motivos fundados para creer que la persona representa un riesgo inminente de fuga.
La medida cautelar fue concedida por la jueza Beryl Howell, tras una demanda presentada por la Unión Americana por las Libertades Civiles (Aclu) y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reseña AP.Howell señaló que los demandantes habían «demostrado la probabilidad sustancial de que los demandados hubieran incurrido en una política y una práctica ilegales al llevar a cabo detenciones civiles por motivos de inmigración sin orden judicial y sin causa probable».
Según la jueza, «el incumplimiento sistemático por parte de los demandados del criterio de causa probable, incluida la falta de consideración del riesgo de fuga, viola directamente la ley de inmigración y las normas de aplicación del DHS».
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite a los agentes realizar detenciones sin orden judicial únicamente cuando existen motivos fundados para sospechar que la persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y es probable que huya antes de obtener la orden. Howell recordó que, en la práctica, los agentes deben justificar cada arresto basándose en estos criterios.
Los abogados de los demandantes argumentaron que los agentes federales patrullaban y establecían puestos de control en barrios con alta concentración de inmigrantes latinos, deteniendo y arrestando a personas de manera indiscriminada. Presentaron declaraciones juradas de individuos arrestados sin orden judicial ni evaluación del riesgo de fuga, así como declaraciones públicas de funcionarios que, según ellos, demostraban que el Gobierno no seguía el criterio de causa probable.Por su parte, los abogados del gobierno negaron que existiera una política que permitiera detenciones sin orden judicial y sin causa probable de riesgo de fuga.
Además de bloquear la política, Howell ordenó que cualquier agente que realice un arresto civil por inmigración sin orden judicial en Washington D.C. documente «los hechos específicos y particularizados que respaldaron la causa probable del agente antes del arresto para creer que la persona probablemente escaparía antes de que se pudiera obtener una orden judicial». La jueza también exigió que esta documentación se comparta con los abogados de los demandantes.
La sentencia se suma a decisiones similares dictadas en casos en Colorado y California presentados también por la ACLU, en los que jueces federales prohibieron a los agentes enfocarse en personas basándose únicamente en su raza, idioma, trabajo o ubicación. En septiembre, el Tribunal Supremo levantó la orden de restricción en California.
Fuente: Versión Final
