Datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revelan que, desde la toma de posesión del presidente Donald Trump el 20 de enero hasta el 15 de octubre de este año, Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aprehendió a al menos 75.000 inmigrantes sin antecedentes delictivos, lo que representa más del 34% de los aproximadamente 220.000 arrestos totales realizados por la agencia en ese período. Esta cifra, reportada inicialmente por The New York Times y corroborada por análisis independientes del Cato Institute y el Deportation Data Project de la Universidad de California Berkeley, subraya un giro en la política migratoria que prioriza detenciones masivas por violaciones civiles, a pesar de las promesas de enfocarse en «criminales violentos».
La tendencia ha generado críticas de defensores de derechos humanos y hasta de algunos aliados republicanos, quienes cuestionan la efectividad y el costo humanitario de las operaciones, con un aumento del 2.000% en detenciones de no criminales desde enero.
El DHS ha impulsado un régimen de cuotas agresivas, ordenado por el asesor Stephen Miller y la secretaria Kristi Noem, elevando el objetivo a 3.000 arrestos diarios a finales de mayo –un salto del 360% respecto a los 650 mensuales iniciales–, lo que ha duplicado las detenciones totales en comparación con el último año de la administración Biden. Sin embargo, solo el 28% de los detenidos hasta mediados de octubre tenían condenas penales, frente al 46% al inicio del mandato, según datos obtenidos vía solicitudes de información pública. De estos, menos del 7% involucraban crímenes violentos, como homicidios o agresiones sexuales –con solo 752 arrestos por asesinato y 1.693 por abuso sexual hasta mayo–, mientras que el 65% restante carecía de cualquier convicción, y la mayoría de los casos penales eran misdemeanors como infracciones de tránsito o violaciones migratorias previas.
Perfil de los DetenidosMayoría Hombres, Centroamericanos y en Ciudades SantuarioCerca del 90% de los aprehendidos eran hombres, con nacionalidades dominadas por México (alrededor del 45%), seguida de Guatemala (18%) y Honduras (15%), según un desglose del Migration Policy Institute basado en reportes de ICE.
Estas detenciones incluyen a familias y menores no acompañados, cuya «única falta» es su estatus irregular, con un aumento del 250% en arrestos durante chequeos rutinarios o en el interior del país. Operaciones como «Midway Blitz» y «Patriot 2.0» en ciudades santuario como Los Ángeles, Nueva York y Houston han capturado a casi 60% de no criminales en redadas callejeras, exacerbando protestas y demandas judiciales por violaciones a derechos constitucionales.Las cifras cubren solo arrestos de ICE, excluyendo los de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que ha realizado redadas paralelas en fronteras y aeropuertos, sumando decenas de miles más.
El total de detenciones en centros federales alcanzó un récord de 51.302 en junio, con planes para expandir capacidad a 60.000 camas, incluyendo instalaciones en Guantánamo Bay. Esto ha elevado los tiempos de detención promedio a 44 días –hasta 111 en California–, con al menos 23 muertes reportadas en custodia este año, triplicando las del período previo.Críticas y Defensas: De «Peor de lo Peor» a Cuotas PolíticasLa administración Trump defiende las acciones como necesarias para «restaurar la ley y el orden», culpando a políticas santuario por desviar recursos de criminales.
El «zar de la frontera» Tom Homan admitió que «cualquiera encontrado ilegalmente será arrestado», incluso si no es el objetivo principal. No obstante, expertos como Aaron Reichlin-Melnick del American Immigration Council argumentan que las cuotas priorizan números sobre seguridad pública, inflando estadísticas con inmigrantes «trabajadores y sin historial», y contradiciendo datos del Departamento de Justicia que muestran tasas de criminalidad más bajas entre inmigrantes que entre ciudadanos nativos. Observadores internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, han condenado el enfoque por su impacto en comunidades vulnerables, incluyendo deportaciones de titulares de Estatus de Protección Temporal (TPS) venezolanos y hondureños.
En Texas, epicentro del 24% de arrestos ICE (unas 33.000), el 58% bajo Biden tenían condenas, versus 42% ahora, según The Texas Tribune. El sector privado y aliados conservadores, como el Cato Institute, critican la ineficiencia: pese a recursos extras y turnos obligatorios, las deportaciones reales promedian 1.800 diarias, por debajo de metas, limitadas por escasez de personal y caídas en cruces fronterizos (un 70% menos desde enero).El DHS ha cesado la publicación regular de datos desde enero, obligando a solicitudes FOIA para transparencia, lo que ha avivado acusaciones de opacidad.
Con el Congreso debatiendo fondos adicionales para ICE en el presupuesto 2026, y elecciones intermedias en el horizonte, el debate se intensifica: ¿prioridad a la seguridad o a la deportación masiva? Expertos predicen que, sin reformas, las detenciones podrían superar las 300.000 para fin de año, reconfigurando el panorama migratorio de EE.UU. y tensionando relaciones con México y Centroamérica.
Fuente: VTV
