Desde el Parque del Oeste hasta el Parque del Este, y desde San Bernardino hasta Los Próceres, las calles, aceras, plazas y parques de Caracas se convirtieron en el refugio de cientos de familias que vieron sus viviendas afectadas tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.
Muchos duermen en carpas, otros en colchones, algunos tienen toldos y otros, simplemente, un par de sábanas; en la mayoría de los casos, solo esperan que sus viviendas sean evaluadas por expertos para que les indiquen si en ellas se puede o no habitar.
La plaza Altamira, la de la Moneda, la Juventud, la Morelos, el Panteón Nacional, la Darío Vivas y hasta Parque Carabobo son hoy espacios donde, entre carpas, lonas, colchones y sillas, conviven estas familias olvidadas por el Estado y sostenidas únicamente por la solidaridad de la sociedad civil.
En pleno centro de Caracas, en la avenida México frente al Liceo Andrés Bello, hay 270 familias pertenecientes al edificio Continente, una edificación que, a pesar de no tener daños visibles por fuera, por dentro sufrió un serio deterioro, así lo señala Zoraida Martínez, habitante del lugar quien hoy lidera las iniciativas para organizar a su comunidad.
En una hoja tiene escritos los datos de todos sus vecinos, en total son: 155 adultos, tres mujeres embarazadas, ocho adultos mayores y 88 niños.
Al cumplirse una semana del doble terremoto, considera que “no es fácil estar en la calle durmiendo y más cuando tenemos niños, personas con discapacidad, adultos mayores que requieren mucha atención”.
Al menos ocho inspecciones se han hecho en una semana a los vecinos de la residencia Continente, entre funcionarios de Protección Civil, el cuerpo de Bomberos e ingenieros de diversas universidades.
Los últimos en revisar el área dijeron a las familias que el edificio sí estaba apto para habitar, pero que debían esperar a que se reforzara una base que sostiene la estructura, ubicada en el sótano del lugar, la cual sufrió serios daños, y a que se hagan las reparaciones internas necesarias para que puedan volver, lo que se traduce en una espera que puede durar meses o incluso años.
Zoraida Martínez expone detalladamente el desgaste y las irregularidades que afrontan al vivir en la calle. “Bueno, nuestra situación ha sido una situación muy irritante, en virtud de que no es fácil estar en la calle, durmiendo y más cuando tenemos niños, tenemos personas con discapacidad, adulto mayor que requieren mucha atención. Aparte de eso estamos inseguros, ¿en qué sentido? Muchas personas se están aprovechando de la situación para pernoctar aquí en la acera de la avenida México, parroquia La Candelaria, para hacerse pasar por personas damnificadas como en este momento nos encontramos nosotros”, ante esto, hizo un llamado a los entes gubernamentales “para que nos ayuden, por favor, porque no hemos recibido ayuda de ningún ente del Estado. Bueno, gracias a Dios no nos ha faltado nada”.
Su petición es clara, “lo que queremos es que nos den el informe donde nos avale y certificado para poder entrar a nuestras casas. Es una situación incómoda, no queremos estar acá, no queremos incomodar a la comunidad tampoco. Sé que es algo que fue a nivel nacional, que fue más afectado el estado La Guaira y que es prioridad, pero también acuérdense que aquí tenemos menores de edad”.
“Han venido muchas personas, sí, y han hecho muchas inspecciones, pero nadie nos firma ni nos sella nada”, dice, al aclarar que solo quieren una certificación de riesgo en la que alguien asuma la responsabilidad.
“Estamos hablando de alrededor de 270 familias del edificio Continente. Aquí están vecinos del edificio Brión, Silvia, Roteca que sí fue declarado como inhabitable, Tequendama y los vecinos del edificio República”.
En La Hoyada bajo el abandono gubernamental
A unas cuadras de allí, en La Hoyada, la realidad se repite con idéntica crudeza en la estación del Bus Caracas El Cristo, justo en la Plaza Darío Vivas. William Correa describe el panorama de las 160 familias que se agrupan en este punto y la desatención que sufren.
“La experiencia ha sido traumática, porque muchas de las familias que están en este lugar son familias que pertenecen a conjuntos residenciales de Misión Vivienda y otros como pensiones o locales. Sus inmuebles no se derrumbaron pero tienen serios problemas de infraestructura, pero caídas no. ¿Cuál es el temor de estas personas? Cada uno de ellos está esperando la certificación o el avalúo del Estado que certifique si pueden volver a ellos o no”, indicó Correa.
“Lo que usted ve a los alrededores es solo la buena voluntad de la sociedad civil, que se ha abocado a cada una de las familias que están aquí desde el día 24. Sin embargo, muchos solicitamos ayuda del gobierno central, porque desde el primer momento no se ha acercado ninguna autoridad a esta zona”, detalla, al hablar sobre las carpas, colchones y comida con la que sobreviven diariamente los presentes.
“Las familias pernoctan en carpas, en piso, todo eso lo está trayendo la gente: sus aportes, ayudas, alimentos, ropa, calzado, comida y enseres. La preocupación es qué va a pasar con cada uno de ellos”.
“Aquí tenemos certificado porque hicimos nosotros mismos un censo, 160 familias que están aquí en esta plaza. No ha habido ayuda para decirle a las personas que aun con reparaciones se puede vivir en su vivienda”, enfatiza.
Para William, que además es vecino de la zona, es impresionante el abandono que han sufrido por parte del Estado. Dice que a diferencia de otras zonas, en esta no han instalado ni siquiera un baño, por lo que las personas deben solicitar el baño en los locales aledaños a la plaza.
En esta misma plaza está Yelimar Medina de 56 años, quien vivía en una pensión en Santa Rosalía, en la calle de Sordo a Peláez, y quien explica su drama familiar: “Vivo con mi esposo, mis dos hijos de seis, nueve y 17 años. Desde el 24 de junio paso el día en las inmediaciones de la plaza Darío Vivas, pero no pernocto en el lugar porque no tengo un colchón, una carpa o algo que ofrecer a mis pequeños hijos”.
Al cumplirse una semana del terremoto, Yelimar recuerda aquel momento, en el que se le subió la tensión, la nariz le sangró y terminó desmayándose, por lo que su esposo debió sacarla del lugar mientras las paredes se agrietaban a su alrededor.
Desde entonces, asegura que no ha habido un solo día en el que no tenga alta la tensión.
A esta familia, como al resto de las que hacen vida en este lugar, nadie los ha censado. En las noches busca quedarse en casa de algunos familiares para poder sobrevivir; sin embargo, en este momento sueña con volver a su tierra natal, Churuguara, una población ubicada en el estado Falcón que no sufrió daños por el terremoto. No lo hace porque sus hijos y esposo son de Caracas, donde tenían su vida, sin embargo, los daños son cuantiosos, hoy no solo lidian con la fractura de su hogar si no con la pérdida del local donde su esposo vendía aceites de carros como medio de vida.
Afrontar esta realidad a la intemperie es un proceso doloroso, pero Medina concluye con claridad qué la mantiene en pie: “Lo más duro es estar sola aquí en esta situación, con mis hijos, por ellos es que esto me da fuerza”.
Amedrentar en medio de la tragedia
A la par de la desatención social la respuesta del Estado que sí se ha hecho notar es el control y la intención de intimidar. En la avenida México, en la Plaza la Juventud, a lo largo y ancho de la avenida Bolívar, en la plaza Parque Carabobo y hasta en la Plaza Morelos TalCual reseñó sobre la instalación de alcabalas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Vecinos afectados tras el terremoto aseguran que los funcionarios no están allí para coordinar la logística de la ayuda o resguardar a los damnificados, sino que solo están ahí para vigilar a quienes traen ayuda, controlar a las empresas privadas e intentar amedrentar e intimidar a los medios de comunicación.
Tal Cual
