El Pacto de Asilo y Migración de la Unión Europea comenzará a aplicarse de manera obligatoria este viernes 12 de junio, tras cumplirse un periodo transitorio de 12 meses para dar tiempo a los Estados miembros a poner en marcha infraestructuras y legislaciones clave diseñadas para blindar las fronteras externas de los Veintisiete.
Con el refuerzo de esas fronteras con controles obligatorios, la agilización de los procedimientos y el polémico sistema de solidaridad obligatorio como puntos cardinales, este conjunto de reglamentos confirma el endurecimiento de la política migratoria de la UE.
Se trata de un abanico de medidas que abarcan varios factores clave en la gestión migratoria, a las que se sumó el acuerdo político alcanzado entre instituciones europeas la pasada semana para la creación de centros de retorno para migrantes en terceros países.
Controles estrictos y tramitación exprés
Uno de los pilares del Pacto es la aplicación de procedimientos más estrictos para las llegadas irregulares, entre los que se encuentran la identificación en un máximo de siete días de cualquier persona que cruce irregularmente una frontera comunitaria.
También se reforma el sistema Eurodac, la base de datos de huellas dactilares europea, que se convertirá en una plataforma integral de gestión migratoria donde también se registrarán imágenes faciales, con una controvertida reducción de la edad mínima para registros biométricos, que pasará de los 14 a los 6 años.
La agilización de los tiempos es otro de los puntales, con el establecimiento de un procedimiento exprés de 12 semanas desde la llegada irregular del migrante que incluye el examen de la solicitud y, si es denegada, la resolución sobre el retorno, período en el que además, jurídicamente, no se considerará que el migrante se encuentra en territorio europeo.
Este canal rápido se aplicará de forma obligatoria a los solicitantes que supongan un riesgo para la seguridad o procedan de países con una tasa de reconocimiento de asilo inferior al 20 % en la UE.
El polémico sistema de solidaridad obligatoria
El Pacto incluye la creación de un marco de solidaridad obligatorio con los países que presentan más presión migratoria —que en este momento son España, Italia, Grecia y Chipre—, y que obliga a todos los Estados miembros a colaborar con estos a través de reubicaciones de migrantes, apoyo operativo o una contribución financiera fijada en 20.000 euros por cada persona que le correspondería acoger.
En el caso de España, la prioridad para el primer ciclo de este pacto —los primeros seis meses— será la de recibir una contribución financiera destinada en gran parte a costear detalles operativos como la formación de jueces que resuelvan estos casos, según dijeron fuentes diplomáticas.
Eso no implica que España no tenga que contribuir al contingente: todos los países deben hacerlo en función de su PIB y su población, y el gobierno español ha propuesto aportar 42 millones de euros este año, una suma sobre la que podría pedir más adelante una reducción o exención, si no recibe el apoyo que le corresponde de los otros Estados miembros.
A juzgar por las contribuciones propuestas por cada país para lo que queda de año, hay más Estados dispuestos a pagar que a acoger migrantes en su territorio, y otro posible problema es que Hungría y Eslovaquia no se han comprometido por ahora con ninguna aportación.
Cláusulas de crisis e instrumentalización geopolítica
El Pacto incluye el Reglamento de Crisis, una cláusula de emergencia ante oleadas masivas que amenacen con colapsar a un país. En estos casos avalados por Bruselas, el Estado afectado podrá retrasar los registros de asilo y prolongar la retención fronteriza más allá de las 12 semanas, activándose una solidaridad reforzada que obligará al resto de socios a priorizar la reubicación urgente de los migrantes.
Asimismo, se codifica la figura de la “instrumentalización” frente a desafíos geopolíticos donde terceros países utilicen los flujos migratorios para desestabilizar a la UE. Ante este escenario, el Estado afectado podrá aplicar de forma automática los filtros fronterizos más duros y restrictivos a cualquier persona que entre por esa vía, independientemente de su origen.
De forma paralela, la UE desplegará un entramado tecnológico y geopolítico para blindar sus fronteras exteriores más allá del asilo. Destacan los nuevos sistemas digitales EES y ETIAS para identificar biométricamente a los viajeros y detectar estancias irregulares, junto a acuerdos multimillonarios con países de tránsito —como Túnez o Marruecos— para frenar las salidas en sus propias costas.
Ese día expira la moratoria de dos años y el Pacto entra oficialmente en aplicación jurídica total y obligatoria, por lo que los nuevos reglamentos comunitarios se convierten en ley directa sobre el terreno, lo que significa que los Estados miembros ya no disponen de más margen de adaptación y deben aplicar las normas de manera inmediata.
Los expedientes registrados antes de esa fecha se resolverán con la normativa anterior, mientras que cualquier persona interceptada a partir del 12 de junio entrará automáticamente en el nuevo circuito exprés de control biométrico y evaluación en frontera.
EFE
