Desde que Nicolás Maduro fue apartado del poder, la madrugada el pasado 3 de enero, la Casa Blanca armó un sistema con el que controla la venta del crudo venezolano, canaliza los ingresos a través de cuentas bajo supervisión estadounidense y transfiere después a Caracas el remanente, una vez descontadas comisiones, porcentajes y otros costes que distintas fuentes sitúan en torno al 10% o superior.
Todo ello se apoya en una serie de ocho nuevas licencias que permiten que vuelva a fluir petróleo venezolano hacia refinerías, que entren insumos para reactivar la producción, que se negocien nuevas inversiones y que incluso se importe oro venezolano a EE.UU., pero sin que ese dinero circule libremente por el aparato chavista, sino bajo control de Washington, según un reportaje de investigación de ABC de España.
Las ventas de petróleo venezolano bajo supervisión de EE.UU. ya han superado los 2.000 millones de dólares a mediados de febrero, y existen acuerdos de corto plazo para ingresar otros 4.000 millones en los meses siguientes. Gran parte de ese crudo se está procesando ya en refinerías estadounidenses y la Administración Trump sostiene que entregó a la autoridad interina venezolana los ingresos obtenidos por esas ventas, aunque mantendrá el control del flujo del dinero hasta que en Venezuela exista un Gobierno representativo.
Exportaciones subieron 32%
La estimación de la Casa Blanca es que la producción petrolera venezolana pueda crecer entre un 30% y un 40% en un año, partiendo de un nivel actual de alrededor de un millón de barriles diarios. En febrero, las exportaciones directas a EE.UU. subieron un 32% hasta unos 375.000 barriles diarios.
Pero incluso dentro del sector energético hay escepticismo: en una reunión con Trump en la Casa Blanca, varios directivos de empresas petroleras dijeron el mes pasado que consideran poco realista un aumento del 30% este mismo año por el deterioro de la infraestructura, la incertidumbre política y económica y otros obstáculos, y sitúan un crecimiento de esa magnitud más bien en un plazo de 12 a 18 meses, siempre que haya estabilidad política.
Esa advertencia y necesidad de estabilidad política ayuda a entender las constantes alabanzas públicas de Trump a Delcy Rodríguez, a la que presenta como una interlocutora útil para sostener esa transición energética bajo tutela estadounidense.
Control estricto
Según las ocho licencias revisadas y difundidas por ABC, la Casa Blanca construyó una arquitectura en la que Caracas puede mover crudo, recibir diluyentes, atraer a grandes petroleras occidentales y colocar incluso su oro en el mercado estadounidense, pero bajo reglas muy escritas en Washington, con pagos canalizados por cuentas bajo control de EE.UU. y con obligaciones periódicas de información a las autoridades estadounidenses.
Trump abrió así una vía de negocio, pero dentro de un carril muy estrecho. La licencia 46B permite a entidades estadounidenses importar, comprar, transportar y refinar petróleo venezolano. La 47 autoriza la venta de diluyentes estadounidenses a Venezuela, una pieza clave para mezclar y mover el crudo pesado de la Faja del Orinoco. La 48A deja enviar bienes, tecnología, software y servicios para petróleo, gas, petroquímicos y electricidad. La 49A permite negociar contratos condicionados para nuevas inversiones. La 51 autoriza importar, refinar y revender oro venezolano en EE.UU.
Dentro de ese esquema hay además una licencia hecha a medida para un grupo muy concreto de grandes petroleras occidentales. La 50A autoriza operaciones en el sector del petróleo y el gas en Venezuela a BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell. Es decir, Washington escogió a un puñado de compañías conocidas para pilotar parte de esta reactivación. Es una reapertura selectiva, administrada y con nombres propios.
Legislación estadounidense
En el caso de Repsol y de las demás petroleras incluidas en la 50A, los contratos con el Gobierno venezolano, Pdvsa o sus filiales deben regirse por leyes de EE.UU. y cualquier disputa debe resolverse en EE.UU. Además, cualquier pago monetario a una persona bloqueada debe ir a la cuenta que indique el Tesoro, y lo mismo ocurre con impuestos o regalías de petróleo y gas pagados al Estado venezolano o a Pdvsa.
A eso se suma la obligación de remitir informes detallados a Washington con las partes implicadas, la descripción de las transacciones, las cantidades, los valores, las fechas y los pagos hechos al Gobierno de Venezuela, primero a los diez días de la primera operación y después cada 90 días.
Las restricciones no acaban ahí. También se prohíben operaciones con personas o entidades ligadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, impide desbloquear bienes ya sancionados y veta operaciones con buques bloqueados. Repsol, Chevron, Eni, Shell, BP y Maurel & Prom pueden operar solo dentro de un perímetro muy cerrado.
En el oro, el control es incluso más estrecho. La licencia correspondiente autoriza importar oro venezolano a EE.UU., refinarlo allí y revenderlo o reexportarlo, pero impone las mismas condiciones sobre contratos y pagos. Además, obliga a informes más frecuentes, cada 30 días, y exige documentación de seguimiento para determinar la cadena de custodia del oro. Y prohíbe expresamente la minería, la exploración, la producción o el refinado de oro dentro de Venezuela, así como la creación de nuevas empresas mixtas para esas actividades.
Opacidad en Washington
Así, Venezuela vende pero el dinero no entra libremente en Pdvsa ni en manos de los sancionados. Las operaciones quedan documentadas y sometidas a supervisión de Washington. Trump permitió que vuelva a venderse petróleo venezolano y que incluso se comercialice oro, pero no ha hecho público un cuadro claro de entradas, deducciones, comisiones, costes administrativos, calendario de pagos y destino final de los fondos.
El secretario de Energía, Chris Wright, aseguró en febrero que los primeros 500 millones ingresados pasaron por una cuenta en Qatar controlada por el Gobierno de EE.UU. Más tarde, según explicó, se abrió una cuenta en el Tesoro para que el dinero dejara de pasar por Doha.
Ese episodio de Qatar es revelador. La explicación oficial fue que el dinero debía quedar protegido frente a acreedores de Venezuela que podrían intentar embargarlo si entraba deprisa en una cuenta ordinaria en EE.UU. Es decir, el nuevo circuito no solo buscaba vigilar el dinero, sino blindarlo. Primero se improvisó una salida en Qatar. Después, una vez montado el esquema, el dinero pasó al Tesoro. Pero ahí empiezan las preguntas que siguen sin respuesta pública.
Según la nota de ABC, el Departamento del Tesoro resolvió el problema de los acreedores al pasar de Qatar a una cuenta en EE.UU. y definir cuál es la ruta exacta del dinero en cada venta de crudo; quién cobra primero; qué parte se queda el ‘trader’ o intermediario, y si EE.UU. retiene algún porcentaje por administración.
Hoy no se sabe de forma pública cuánto entra exactamente por cada cargamento, cuánto se descuenta por comisiones, cuánto cuesta el aparato administrativo que lo gestiona, cuánto retiene cada eslabón de la cadena y cuánto remanente recibe finalmente Venezuela. Tampoco está claro si la Casa Blanca controla en qué se gasta ese dinero una vez liberado o si simplemente vigila el recorrido hasta la transferencia.
La reapertura coincide con una emergencia energética global. La guerra con Irán y el cierre de facto del estrecho de Ormuz empuja a Trump a buscar oferta donde antes veía solo un problema político. De ahí la prisa. De ahí también el agradecimiento repetido de la Casa Blanca hacia la nueva fase venezolana. Pero el cálculo tiene límites evidentes.
Por Ormuz se mueve unos 20 millones de barriles diarios. Venezuela produce en torno a un millón. Incluso en el mejor escenario, su producción podría subir hasta unos 1,2 millones de barriles diarios a finales de 2026. Sería un aumento importante para Caracas, pero casi irrelevante para un mercado mundial que consume alrededor de 100 millones de barriles al día. Venezuela ayuda, pero no resuelve.
Versión Final
