La propuesta de reforma a la ley de hidrocarburos de Venezuela puede facilitar la expansión de las empresas que ya operan en el país y atraer a algunos nuevos inversionistas, pero resulta insuficiente para captar los cerca de 100.000 millones de dólares que Estados Unidos considera necesarios para modernizar la industria energética venezolana, según ejecutivos y abogados del sector.
Tras la operación militar estadounidense que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro a comienzos de enero, Washington asumió el control de las exportaciones petroleras y de los ingresos en divisas del país, además de mantener un bloqueo naval vigente desde diciembre para impedir envíos en buques sancionados. Estados Unidos ha dejado claro que planea administrar indefinidamente esos recursos como mecanismo de presión política sobre Caracas.
En este contexto, el presidente Donald Trump ha instado a las petroleras estadounidenses a invertir de forma masiva en Venezuela, con el objetivo de revertir años de deterioro, mala gestión y falta de inversión. Sin embargo, expertos coinciden en que el marco legal vigente sigue siendo el principal obstáculo, al mantener a la estatal PDVSA como operadora dominante del sector.
La presidenta interina Delcy Rodríguez presentó la semana pasada una reforma integral a la Ley de Hidrocarburos, que fue discutida con legisladores y representantes de empresas como Chevron y la india ONGC. Fuentes cercanas a las conversaciones indican que la iniciativa podría ser aprobada de forma acelerada tras breves consultas.
El proyecto otorgaría a los socios de las empresas mixtas de Pdvsa mayor control operativo, acceso directo a los ingresos por ventas de crudo y condiciones contractuales más flexibles. Estos cambios han sido reclamados durante años por compañías estadounidenses, europeas, chinas y rusas que operan en Venezuela, luego de la nacionalización que obligó a muchas a abandonar el país hace dos décadas.
No obstante, abogados y asociaciones del sector advierten que la reforma contiene disposiciones ambiguas y cláusulas contradictorias, especialmente en materia fiscal y comercial, lo que podría desalentar a las grandes petroleras internacionales si no se corrigen.
El esquema actual es un paso, pero no suficiente”, señaló Ali Moshiri, director ejecutivo de Amos Global Energy Management. “Si la industria no se vuelve realmente competitiva, incluso los operadores actuales verán limitado su margen de acción”.
La reforma formalizaría un sistema de contratos de producción compartida, promovido sin éxito en años anteriores, que permitiría a un grupo reducido de empresas operar directamente algunos campos petroleros. Este modelo coexistiría con las empresas mixtas actuales y permitiría a los socios minoritarios mayor autonomía sobre su parte de la producción, incluyendo la posibilidad de comercializarla directamente si obtienen mejores precios que los negociados por Pdvsa.
Asimismo, el proyecto contempla la reducción discrecional de regalías hasta un 15 %, frente al 33 % actual, lo que disminuiría la participación estatal, una de las más altas de América Latina, y podría mejorar la rentabilidad de los proyectos.
También se prevé ampliar el uso de arbitraje independiente para resolver disputas contractuales, aunque no está claro si los casos podrían llegar a tribunales internacionales.
Aun así, expertos señalan que harían falta reformas adicionales, como cambios a la ley del impuesto sobre la renta y la eliminación de mecanismos como el “impuesto sombra” petrolero, que garantiza al Estado al menos el 50 % del valor de cada barril producido.
Uno de los puntos más polémicos es que la reforma permitiría al Ejecutivo aprobar contratos y modificar regalías sin el aval de la Asamblea Nacional, lo que ha generado críticas de sectores políticos y legales.
El problema de fondo no es la ley, sino la corrupción y la falta de controles”, afirmó el diputado Henrique Capriles, quien cuestionó la exclusión del Parlamento del proceso decisorio.
Otros especialistas advierten que la reforma no aclara aspectos clave como la propiedad de los proyectos, la comercialización del crudo ni la crisis estructural de Pdvsa. “La regulación es confusa y no ofrece la seguridad jurídica necesaria para reconstruir la industria”, señaló el abogado José Ignacio Hernández en un análisis reciente.
Aunque el Gobierno sostiene que la reforma permitirá aumentar la producción y atraer inversiones en campos inexplorados, analistas y ejecutivos consideran probable que las grandes petroleras estadounidenses se mantengan al margen hasta que exista un marco legal más sólido y una institucionalidad política más estable.
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